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Las masacres que han ocurrido a lo largo de esta fallida administración han tenido éxito en amedrentar a los ciudadanos en general y a los electores en particular, en proyectar hacia el exterior la imagen de “narcoterrorismo” y han servido a la actual gestión federal para alegar la militarización del país. A los Estados Unidos también les sirve para justificar una cada vez más cercana intervención armada en territorio mexicano y para aplicar más medidas antiinmigrantes en el propio. Candidatos republicanos a la Presidencia de EU han hablado hasta de la restauración de una “Doctrina Monroe”, lo que desencadenaría una “guerra americana” para restaurar el imperialismo estadounidense en el hemisferio, golpeando a gobiernos nacionalistas y populares de izquierda.
Una vez concluido el circo televisivo en que se convirtieron los Juegos Panamericanos; superada la elección de Michoacán con la derrota del PRD y de la hermana de Calderón, María Luisa “la cocoa”, con lo que se frustró la instauración de otro cacicazgo en esa entidad que sustituyera al de los Cárdenas; definidos los candidatos de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, y de la centro-derecha con Enrique Peña Nieto, y a la espera de una salida de unidad en el PAN que sacrificaría al “delfín” Ernesto Cordero y ungiría a Josefina Vázquez Mota con candidata de la extrema derecha, el escenario de violencia se recrudeció y todo señala que en los próximos meses el panorama se pondrá peor, como el propio inquilino de Los Pinos lo advirtiera hace unas semanas.
En México, los poderes institucionalizados han sido rebasados en muchas entidades por barones de la droga que tienen poder e influencia política, duplicados a partir de la llegada de Vicente Fox a la Presidencia -administración en la cual, no hay que olvidarlo, se dejo escapar al más poderoso capo del momento, Joaquín “el chapo” Guzmán- y potenciados en la actual gestión federal que inició una “guerra” frontal en su contra, que ha derivado en sangrientos ajustes de cuentas en la lucha por una mayor tajada de un mercado cada vez más lucrativo ante la ineficacia del Estado mexicano y la complacencia del gobierno estadounidense más interesado en “controlar” el narcotráfico que en combatirlo.
Las masacres en México tienen un gran impacto mediático… por unas horas, el cual se desvanece rápidamente y es eclipsado por una nueva atrocidad. Hoy la nota roja la constituyen los 26 cuerpos encontrados en tres camionetas abandonadas en las inmediaciones de la glorieta de los Arcos Milenio, en la ciudad de Guadalajara. En la mañana de este jueves policías municipales encontraron una camioneta Caravan verde en el carril central de la glorieta entre Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, con 10 cuerpos, uno de ellos decapitado; una camioneta Nissan a unos 20 metros de la primera unidad y sobre la avenida Lázaro Cárdenas, con nueve cadáveres con bolsas de plástico en la cabeza; en el carril de extrema derecha en el sentido poniente a oriente, fue localizada también una camioneta tipo van blanca, con siete cuerpos semidesnudos.
Los medios informativos destacan que los crímenes fueron cometidos por presuntos integrantes del grupo delictivo de “los zetas”. Todos los cadáveres tenían la leyenda “Milenio Zeta”, escrita con aceite. El secretario general de gobierno de Jalisco, Fernando Guzmán Pérez-Pelaez, destacó el mensaje hallado: “encontramos una manta que hace referencia a la lucha de cárteles y aunque no somos voceros de la delincuencia organizada, ellos dicen que no van contra la población civil y hacen imputaciones a los gobiernos de Jalisco y Sinaloa”. Durante la conferencia, en la que el funcionario no aceptó preguntas, hojas en blanco con el texto integro del narcomensaje fueron dejadas a disposición de los medios de comunicación: “Así el Gobernador de Jalisco y el de Sinaloa son íntimos amigos del Mayo Zambada, x eso estaba bien tranquilo Jalisco y Sinaloa y ahora con sus amigos no saben ni que hacer”. Esa masacre se sumó a la intensa jornada de violencia en Sinaloa del pasado miércoles que dejó como saldo 26 asesinatos en tres municipios, de los cuales 16 cuerpos se encontraron calcinados. En esa entidad, el gobernador Mario López Váldez admitió que sus hijos, así como los de otros funcionarios de su gabinete, tuvieron que irse a estudiar al extranjero, ante las amenazas de grupos delincuenciales de secuestrarlos.
Esas son tan sólo las dos últimas masacres de una larga lista, todas las cuales han tenido un gran impacto mediático, por unas horas: fresca en la memoria de los mexicanos aún están los hechos del 20 de septiembre pasado en la zona turística de Veracruz-Boca del Río, en donde se realizaba una reunión de los procuradores de justicia del país, ante la cual fueron abandonados 35 cuerpos con huellas de tortura en dos camionetas de redilas en una de las principales vialidades. Ese macabro hallazgo ocurrió tan sólo un mes después de que un comando incendiara el 25 de agosto las instalaciones del Casino Royale en Monterrey, Nuevo León, en donde murieron 52 personas. En esa misma entidad, el 8 de julio, un comando armado, compuesto por más de 15 sicarios, atacaron a los clientes del bar Sabino Gordo, en el centro de la capital neoleonesa, y mataron a 21 personas y dejaron a cinco más heridas. La lista de masacres de este año en el contexto de la guerra calderonista contra los cárteles, la completan las ocurridas el 27 de febrero en Torreón, Coahuila, en donde tres atentados diferentes, uno en el Bar 3-2, otro en la colonia 5 de mayo, uno más en el bar Los Virreyes, en al colonia centro, dejaron un saldo de 10 personas muertas y nueve lesionados.
Las masacres en la ola de violencia en que está inmerso el país también el año pasado dejo un sangriento saldo, casi desde el arranque del 2010: el 31 de enero, un comando armado irrumpió en una fiesta estudiantil en el fraccionamiento Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ejecutó a 16 jóvenes que, de acuerdo con las autoridades locales, no tenían vínculos con grupos criminales. Esos crímenes sin razón se repitieron el 12 de marzo en esa misma frontera durante un velorio de un joven, en el cual un comando armado disparó contra los asistentes y mató a 8 personas entre 16 y 28 años en la colonia Parajes del Sur. Las represalias contra jóvenes que intentan alejarse de la fármacodependencia se repitieron en la denominada ciudad más violenta del mundo el 10 de junio, en un centro de rehabilitación contra las adicciones, en donde un comando armado ingresó por la fuerza y ejecutó a 19 internos e hirió a otros cuatro.
Un mes después, el 18 de julio, una fiesta en la quinta Italia Inn, en terrenos del ejido de San Luis en Torreón, Coahuila, fue interrumpida por un grupo de sicarios armados que llegaron a bordo de cinco camionetas y de inmediato abrieron fuego contra los presentes; el saldo trágico fue de 17 muertos y 18 heridos. Otra terrible masacre que ocupó durante varios días los titulares de los medios de información que el hallazgo de 72 cadáveres de indocumentados en fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, cuyas ejecuciones presuntamente fueron realizadas por “los zetas”. Otra masacre más en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrió el 23 de octubre en dos viviendas de la colonia Horizontes del Sur, en donde un grupo de jóvenes sicarios ejecutó a 14 personas e hirió a 15 más.
Frente a estos masivos asesinatos las investigaciones de las autoridades federales y estatales han arrojado pocos resultados con la identificación de presuntos autores de algunos los crímenes, aunque en la mayoría de los casos siguen las averiguaciones y prevalece la impunidad. El flamante secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, sólo atinó a condenar las masacres durante la inauguración de la 26 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en el puerto de Acapulco, Guerrero; prometió que encontrarán a los responsables de estos crímenes a fin de que no queden impunes; y aprovechó para exhortar a los fiscales y procuradores de todo el país a acelerar el paso en la depuración institucional de su personal.
Mientras, la procuradora general de la República, doña Marisela Morales, perdida en el limbo, admite que el fenómeno de las personas no localizadas “representa un reto para las autoridades por el daño que genera a la sociedad, por lo que es necesario conocer la magnitud del problema”. Apenas unas horas antes, en ese mismo puerto, durante el festejo del Día de la Armada, Felipe Calderón reiteró que su administración persistirá en la lucha contra el crimen y la delincuencia organizada, e insistió en que este combate llevará un tiempo largo… Mientras los cadáveres se le siguen acumulando y el miedo impera a lo largo y ancho del territorio nacional. Tal vez por esa sea explicable que el 86 por ciento de los ciudadanos mexicanos no creen que la administración calderonista gane la guerra contra el crimen organizado.
Lilia Arellano - Opinión EMET