Calderón, de los máximos responsables de torturas y violaciones sexuales en contra de mujeres y niñas

 

Integrantes del grupo de mexicanos que interpuso una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y lesa humanidad en el sexenio de Felipe Calderón, calificaron la respuesta del Gobierno federal como un grave error y un intento de intimidación hacia la ciudadanía.

"Es un error muy profundo, algo gravísimo porque el Gobierno está poniendo en tela de duda el derecho fundamental de acceso a la Justicia de los ciudadanos mexicanos, en este caso a los tribunales internacionales. Ese derecho no está sujeto a la voluntad de un gobernante en particular. El Gobierno de Calderón no sólo esta sancionando nuestro derecho, sino también nuestra libertad de expresión", dijo en Madrid el abogado Netzaí Sandoval que encabeza al colectivo de más de 23 mil mexicanos que presentó la denuncia ante la CPI.

"Ningún vocero del Gobierno reconoce en el comunicado que las Fuerzas Armadas han incurrido en lo que llaman excesos. Nosotros hemos documentado todos los casos en que soldados del Ejército mexicano han practicado torturas, secuestros de migrantes, desapariciones y violaciones sexuales en contra de mujeres y niñas", agregó.

El jurista estimó además que después de esta medida, el Gobierno federal se quedará solo, porque es indiscutible el derecho que tienen 23 mil ciudadanos de acudir a un tribunal internacional.

"Nadie puede negar que en México se cometen crímenes y se violan los derechos humanos. No estamos planteando que Calderón lo haya ordenado, pero es uno de los máximos responsables, porque no toma la decisión de sancionar a esos soldados que torturan sistemáticamente", aseguró el abogado tras precisar que lo que está en discusión es si la crisis humanitaria que vive México amerita la intervención de la CPI.

"Tan sólo en 2010 se cometieron más de 400 decapitaciones de personas por parte de los cárteles de la droga, que están tipificadas en México como un homicidio más. Esta defensa que se está haciendo para que el Fiscal del TPI no intervenga, ¿también quiere decir que el Gobierno federal mantiene que los cárteles de la droga no cometen crímenes de lesa humanidad?", preguntó Sandoval.

El domingo, la Presidencia de la República rechazó las imputaciones que el grupo civil presentó ante el CPI el pasado viernes y advirtió que podría proceder legalmente en su contra.

Para John M. Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y uno de los firmantes de la presentación ante la Corte Penal Internacional, el mensaje del Presidente es un amago contra los defensores de derechos humanos y contradictorio a sus propios dichos.

"Es un amago, un intento de intimidar a la ciudadanía, lo cual es muy paradójico porque todo el sexenio ha dicho que los ciudadanos debemos perder miedo y denunciar, así que le estamos haciendo caso y denunciando", dijo.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, se dijo preocupado porque bajo las palabras de Calderón, cualquier persona que su Gobierno considere que atenta contra su "imagen" puede ser motivo de hostigamiento.

"El desplegado en realidad se requiere a todos quienes difundan información de lo que pasa en México en distintos foros internacionales, es un atentado contra la libertad de expresión, contra el defender derechos humanos. Nos preocupa su intento de inhibir la defensa de los derechos", sostuvo.

El productor Epigmenio Ibarra dijo que está dispuesto a enfrentarse cara a cara con el Presidente Felipe Calderón en caso de que proceda legalmente contra las 23 mil personas que se quejaron por la situación de la violencia en el País.

"Si nos va a demandar, que lo haga, ojalá y que tengamos la oportunidad de carearnos con el señor (Felipe Calderón) y decirle lo que nosotros pensamos de su guerra, que defienda con hechos, resultados su estrategia, a ver si puede, a ver si no es cierto que en efecto se han cometido violaciones a los derechos humanos, si no es verdad que esta estrategia en lugar de desarticular carteles los ha fortalecido y apoderado", expresó.

Los firmantes advirtieron que el Gobierno federal está incurriendo en acciones regresivas al priismo que criminalizaba la protesta social.

"Lo que parece es querer volver a la práctica del uso de la justicia para castigo político. La vuelta al uso de la justicia como forma de represión, es decir, que nos metan en un largo proceso legal que nos pueda llevar meses, invertir recursos, hacer trabajo de defensa, desgastarnos", externó por su parte Édgar Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Revista EMET - Agencia Reforma