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El inquilino de Los Pinos no debería estar tan preocupado por la denuncia en su contra en La Haya, en donde no se ha juzgado a los aliados de los Estados Unidos, sino sólo a sus adversarios particularmente del continente africano; debió de actuar con más calma e inteligencia y dejar el asunto en manos de los juristas internacionales que lo asesoran y no centrar una vez más en la opinión pública una posibilidad, aún muy remota, de que pueda ser procesado por esos delitos, a menos que cuente con información que la propia ciudadanía desconozca hasta ahora y que lo haya obligado a ese extremo.
Desde Los Pinos el domingo salió el amago de proceder legalmente contra quienes suscribieron la denuncia presentada en contra de Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI), lo que provocó de inmediato la reacción de la oposición en contra de su proceder, encabezados por la dirigencia nacional del PRD, con Jesús Zambrano y Dolores Padierna al frente, así como por organizaciones defensoras de los derechos humanos. No conforme con eso, este lunes, el michoacano se defendió nuevamente señalando que tiene deber constitucional, político y ético de combatir la delincuencia. Durante la ceremonia conmemorativa por el 100 Aniversario de la Promulgación del Plan de Ayala, en la Casa Museo Emiliano Zapata, en Ayala, Morelos, advirtió que no claudicará en su lucha contra la delincuencia no obstante los riesgos que implica, incluyendo por supuesto los de carácter electoral. Por la tarde, en el Auditorio Nacional volvió a centrarse en la inseguridad que prevalece en el país y habló de un ambiente de pesadumbre que prevalece en ciudades como Ciudad Juárez o Monterrey, y que recientemente se evidenció en Guadalajara y Culiacán, en donde se libra una guerra a muerte entre los principales cárteles: el de Joaquín “el chapo” Guzmán y “los zetas”.
La denuncia no debió sobredimensionarse por los calderonistas. El propio Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), uno de los abogados que asesorará penalmente al michoacano, afirmó que las alternativas jurídicas que tiene la administración federal para revirar contra los acusadores no implica la vía penal. Laveaga dijo que “se podría proceder en el ámbito civil y sería decisión de cada uno de los funcionarios demandados ante la CPI, pero sería ridículo que algún miembro del gabinete de Calderón le fuera a pedir dinero a estos muchachos acusadores”. Hasta ahí debieron de quedarse y no echarle más leña al fuego.
Por su parte, abogados especializados en derecho internacional, entre ellos John Ackerman y Martín Rubio, de la UNAM, y José Patiño, de la UAM, consideraron que si queda demostrado ante la CPI, que ha habido un ataque sistemático contra la población civil mexicana de parte de cuerpos policíacos y militares del Estado mexicano y de miembros del crimen organizado, en el contexto de la llamada guerra contra el crimen y narcotráfico, si habría elementos para que se inicie la indagatoria internacional, sólo hasta ese momento.
Una fuerte polémica generó dicha denuncia: el abogado Netzaí Sandoval afirmó que “si Felipe Calderón es inocente, la Corte Penal Internacional le va a dar la razón” y denunció que ha recibido “amenazas” por parte de la administración calderonista luego de que el viernes presentara la denuncia ante la CPI. A su vez, el obispo de la Diócesis de San Cristóbal Las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, indicó también que la CPI será la que “verá hasta que punto pudiera haber culpabilidad o no” de Felipe Calderón en la muerte de civiles a causa de la guerra contra el narcotráfico. Así, no hay porque adelantarse, a menos que se deba y se tema algo
Lilia Arellano - Opinión EMET